Pendiente decisión para eliminar fumigación con glifosato en Colombia
Bogotá, 2 may (PL) Motivo hoy de polémica, la decisión de suspender las fumigaciones con glifosato en Colombia por sus peligros para los humanos, está sujeta al pronunciamiento del Consejo Nacional de Estupefacientes, cuya junta fue fijada para el venidero 15 de mayo.
La recomendación del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, para eliminar esa práctica de manera inmediata a la luz de investigaciones que advierten sobre los probables efectos cancerígenos de la sustancia, suscitó opiniones discordantes a lo interno del país.
A las voces que respaldan esa iniciativa se unió la del representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Tood Howland, quien pidió al Gobierno priorizar el derecho a la salud.
El Estado debería revisar y evitar el riesgo de que puedan aumentar los casos de cáncer por el uso del glifosato, insistió el funcionario de la ONU.
Tal sugerencia enviada al Consejo Nacional de Estupefacientes por Gaviria, tuvo el respaldo inmediato de la Defensoría del Pueblo, que esgrimió como argumento los testimonios de indígenas aquejados por enfermedades dermatológicas, digestivas y respiratorias, debido al empleo de ese químico.
Mientras el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que a pesar de la comunicación emitida, el herbicida de amplio espectro continuará utilizándose para erradicar cultivos ilícitos, hasta que un mandato ordene su prohibición definitiva.
Se trata -dijo- de una herramienta de control muy efectiva, el país podría inundarse de plantaciones de coca, expresó al explicar su reacción.
La máxima autoridad del sector sanitario comentó a la prensa que a raíz de pesquisas auspiciadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cuales clasifican al glifosato como un probable cancerígeno, era impostergable su declaración.
Adicionalmente recordó dictámenes de la Corte Constitucional los cuales conminan a aplicar medidas preventivas ante la sospecha de un daño potencial.
Gaviria agregó que aunque no existan estudios conclusivos sobre el impacto de esas aspersiones aéreas en la población colombiana, los resultados investigativos respaldados por la OMS son suficientes para adoptar tal postura.
Por su parte el procurador, Alejandro Ordóñez, opinó que esas argumentaciones no son científicas sino políticas debido a su coincidencia con planteamientos de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.
El movimiento, uno de los grupos involucrados en el conflicto interno, ha reiterado la necesidad de prescindir de tales fumigaciones por sus efectos nocivos para el entorno y los pobladores.
En medio del desacuerdo, las expectativas giran ahora alrededor del debate en el Consejo Nacional de Estupefacientes y de un probable pronunciamiento presidencial.
Las fumigaciones con ese herbicida forman parte de la estrategia antinarcóticos derivada del Plan Colombia, pacto entre Bogotá y Washington (1999), enfocado también en la lucha contrainsurgente.
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